“Río Negro” accedió a las grabaciones de charlas entre los imputados por la quema de los tribunales de Viedma. Quedan expuestas las relaciones entre ellos.
Las escuchas telefónicas integran cinco de los veinte expedientes de la causa penal del incendio a los tribunales de Viedma.
Esas grabaciones conforman pruebas centrales en la hipótesis de la Fiscalía, a cargo de Itziar Soly. La teoría de la funcionaria: la quema se originó en el accionar de cuatro personas y se cumplió por encargo y con el pago de un tercero. Identificó a siete partícipes directos e indirectos.
Con las acusaciones y defensas, el juez Ignacio Gandolfi evaluará esa conjetura fiscal y resolverá la situación procesal de seis imputados durante lo que queda de agosto. El séptimo –Gustavo Morales Paz– todavía no fue indagado, fue convocado para el 18 de agosto y su situación seguramente será evaluada después por el magistrado.
Por ahora, hay cinco detenidos. Tres presentan antecedentes penales, son Ivan y Fabricio Colman, y Ricardo “Chanchi” Becerras. Hay un policía, Gustavo Salinas, con funciones en la comisaría Nº 34 del barrio 20 de junio, y una abogada, Daniela Vivas.
El único libre de los seis indagados es Ignacio Galiano, un letrado de Viedma, joven pero conocido por sus problemas penales. Tiene dos procesamientos por estafa, uno por defraudación a mutuales en trámites en la administración pública. Aquí aparece ligado al incendio por su presunta actuación intelectual, es decir, el encargo del hecho.
A principios de agosto, Gandolfi dispuso aquellas detenciones después de esas indagatorias, a partir de solicitudes de la fiscal Soly. Este requerimiento no alcanzó a Galiano, a pesar de su fuerte acusación. Hay una explicación oficial: cumplió con anteriores restricciones judiciales. Pero, hay una razón estratégica en esa determinación.
El expediente del incendio registra 20 cuerpos, superando los 4.000 folios. Cinco están compuestos por CD y las correspondientes desgrabaciones de comunicaciones telefónicas de Galiano con los imputados. Las conversaciones evidencian un fuerte vínculo entre ellos, con labores compartidas y compromisos pendientes.
Hay cientos de fotos captadas de los videos registrados en la madrugada del 26 de julio por las cámaras callejeras en Viedma. Algunas aportan registros coincidentes con los imputados. Entre ellas, la Justicia puso atención a las imágenes reproducidas por una cámara frente a la Jefatura.
El ingreso a la sede judicial se produjo por un portón del bloque radical, lindero a la sede policial. Las figuras de los videos derivaron en reconstruir el hecho (saltar el portón) con los imputados para después cotejar esas siluetas con las existentes de la noche del incendio.
Otros resultados valorados corresponden a las pruebas odorológicas. Está técnica criminalística se encarga de detectar y recolectar las huellas olorosas dejadas en el lugar de los hechos. Toda persona al estar en un sitio, o si tiene contacto con algún objeto, sea tocándolo o rozándolo, deja su olor, que es típico, característico. Se trata de una firma química, aseguran sus especialistas. Habría conclusiones coincidentes con los imputados.
La investigación se inició con un fallido propio de amateurs. Los bomberos y la policía apagaron las llamas, y se fueron convencidos de un incendio accidental. Recién a media mañana, una recorrida permitió hallar un bidón de combustible en una oficina lateral del juzgado. Ya era tarde para la recolección de huellas dactilares. Algunas pudieron recogerse en las barandas de las escaleras.
Ese yerro fue determinante en la disponibilidad de ciertos elementos probatorios. Y dejó un absurdo que marca a la Justicia rionegrina. La jueza del STJ, Liliana Piccinini –hoy presidenta– advirtió rápidamente el desatino al llegar lugar y expuso su enfado a los presentes, entre ellos, la fiscal inicial Paula Rodríguez Frandsen.
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