Los delitos que afectan a los ciudadanos comunes, damnificados por innumerables robos y homicidios, aparecen todos los días en las noticias. Pero sólo un porcentaje ínfimo de esos casos, estimado en un raquítico 2%, se esclarece y pasa a la etapa del juicio. Así, las falencias del sistema judicial en materia penal quedan en evidencia y agudizan el dolor y la impotencia de las víctimas.
Estas y otras reflexiones surgieron durante una charla organizada por Usina de Justicia, una asociación civil que preside Diana Cohen Agrest. El encuentro tuvo como protagonistas al fiscal porteño José María Campagnoli y a su colega platense Marcelo Romero, quienes compartieron su experiencia, se mostraron autocríticos y plantearon demandas para mejorar su desempeño.
Campagnoli, quien estuvo a punto de ser destituido por investigar la denominada “ruta del dinero K” cuando nadie se atrevía a hacerlo, abrió el debate con una frase descarnada, según pudo constatar EL DIA en el lugar: “La Justicia tiene una deuda enorme con la sociedad”, admitió y, en la misma línea, agregó que el trabajo de los jueces y fiscales “en general, no conforma a nadie”.
SOBRE LA VICTIMA
“En la práctica no se asiste a la víctima de la inseguridad, eso pasa poco y nada”, sostuvo el fiscal de Saavedra. Campagnoli amplió: “Si el Ministerio Público Fiscal tiene como función proteger los intereses de la sociedad, debe poner en el centro de la escena a la víctima”. Y completó: “A los fines estratégicos de una investigación, es clave la colaboración de las víctimas o sus familiares”. Sin embargo, eso no sucede en la mayoría de los casos. De hecho, según dijo Campagnoli, a las víctimas no se les permite ser parte del proceso. Y se las obliga a prestar declaración, aún cuando el acusado o presunto victimario del delito puede optar por no hacerlo. Los casos de abuso sexual y violación son los más crueles en ese sentido: “La contención a las víctimas es cero”, afirmó.
Desde otra realidad, como es la bonaerense, Romero aportó su propia mirada. “La comunidad, cuando pide justicia, está reclamando sentido común”, aseguró el fiscal bajo cuya jurisdicción hay dos millones de personas. No obstante, para el fiscal ese criterio se invierte cuando “se cree que el imputado es víctima de una sociedad capitalista que excluyó al victimario y lo empujó al delito”.
“Eso es lo que se enseña en las universidades y lo que se exige en los Consejos de la Magistratura”, puntualizó Romero y apuntó directamente contra lo que llamó “catecismo zaffaroniano”, que está referenciado en el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, líder de una corriente de “abolicionismo penal” con fuerte influencia en el sistema judicial desde hace más de 30 años.
Pero más allá de Zaffaroni, quien actualmente ocupa un cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tanto Campagnoli como Romero hicieron hincapié en hechos concretos que necesitan los jueces y fiscales para ser más eficaces en las investigaciones. Por ejemplo, contar con una “agencia de inteligencia criminal” alejada de las prácticas de la ex SIDE.
“Si sólo el 2% de los casos se esclarece y pasa a juicio, esto se debe muchas veces a la carencia de una agencia seria para la investigación, al estilo del FBI (norteamericano) o de la Scotland Yard (inglesa), que tienen prestigio ante la sociedad”, dijo Campagnoli. Por su experiencia personal, el fiscal de Saavedra también habló de la imperiosa necesidad de contar con una “policía judicial”.
Romero agregó otra demanda: “Que los jefes del Ministerio Público Fiscal sean independientes del poder político”, reclamó el funcionario judicial platense, quien también reparó en la viga en el ojo propio: “Que los fiscales expliquen a la sociedad, que rindan cuentas de sus acciones y no hablen en un idioma ininteligible”, pidió. Las reflexiones de ambos cumplieron con esos preceptos.
El cierre de la charla estuvo a cargo de Cohen Agrest, una filósofa cuyo hijo Ezequiel fue asesinado en un asalto, quien sostuvo que “las víctimas continuamos siendo invisibilizadas por el sistema” y afirmó que desde la organización Usina de Justicia propone “una reforma del paradigma penal que incluya y contemple el derecho de las víctimas”, más allá de las distintas visiones ideológicas.
“Cuando hay un muerto en una familia, ya no se es ni de derecha o izquierda, de un partido u otro”, advirtió Cohen Agrest, autora del libro “Ausencia perpetua” y ensayista en temas de ética. “Según el mapa del delito, de cada diez homicidios que se producen, en cinco no se conoce al autor”, dijo Diana para graficar la magnitud del problema y alzar la voz por los que no la tienen.
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